España regula la inteligencia artificial con una ley que protege derechos, impulsa la innovación y crea un modelo ético para el desarrollo de la IA.
Publicado en marzo de 2025
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Consultar documento oficial https://www.lamoncloa.gob.es
España da un paso clave en la regulación tecnológica con la presentación del Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un marco legal que desarrolla y complementa el Reglamento Europeo de IA (UE) 2024/1689, con medidas específicas adaptadas al contexto nacional.
Una IA centrada en las personas
El texto reconoce el enorme potencial de la IA para transformar la economía, los servicios públicos y la vida cotidiana, pero también subraya los riesgos de autonomía algorítmica, falta de trazabilidad y posibles daños a derechos fundamentales. Por ello, propone un marco que combine innovación, ética y protección ciudadana.
Principales novedades de la ley
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Sanciones claras y graduales por infracciones, que pueden llegar a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio.
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Derecho a la desconexión de sistemas de IA peligrosos, una medida pionera en Europa.
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Autorización judicial obligatoria para el uso de IA de reconocimiento biométrico en espacios públicos.
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Creación de una base nacional de IA crítica y entornos controlados de pruebas para desarrollos seguros.
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Participación activa de múltiples autoridades, como AESIA, AEPD, CNMV o el Banco de España, según el sector.
Gobernanza distribuida y supervisión real
La Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) asume un rol central como coordinadora, con capacidad sancionadora y de inspección. Además, se crea una Comisión Mixta de Coordinación para evitar contradicciones entre autoridades sectoriales y asegurar una vigilancia coherente.
Innovación responsable: un nuevo derecho digital
Inspirada por tratados internacionales como el Proceso de Hiroshima o la Declaración de Bletchley, la ley incorpora el principio de precaución y supervisión activa, sin frenar la innovación. Se protege especialmente a colectivos vulnerables y se garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales.
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